Conflictos socio – ambientales por el agua en La Guajira

Conflictos socio – ambientales por el agua en La Guajira

Las relaciones ancestrales y tradicionales que las comunidades de la Guajira mantuvieron con sus aguas como garantía de la vida y elemento sagrado, se han visto desconfiguradas por la actividad extractiva minera privilegiada como supuesto motor de desarrollo económico de la región y del país. Mientras las condiciones de acceso al agua se complejizan a diario, se desvanecen los argumentos a favor del crecimiento económico como justificación de un modelo extractivista en el departamento, por la injusticia hídrica de la que son objeto los pueblos que allí habitan, además de los recientes fallecimientos de niñas y niños guajiros como consecuencia de la desnutrición y el abandono estatal que sufre este sector y en general las poblaciones menos favorecidas. Claramente, los hechos, que hablan por sí solos, dan cuenta de las falacias del crecimiento económico como factor de bienestar social, lo que, en última instancia, podría resultar inversamente proporcional, pues a mayor crecimiento económico que puede expresarse en la entrada de regalías a La Guajira, empeoran las condiciones de vida de la mayor parte de la población étnica.

Tras cuatro décadas de mega minería en el norte de Colombia, las comunidades de la Guajira y el Cesar han sufrido la profunda transformación de su territorio por esa actividad, y en muchos casos experimentado sus consecuencias irreversibles. Estos departamentos han concentrado los principales proyectos mineros desde hace treinta años, con las explotaciones en El Cerrejón y La Loma. Así, la intensa actividad de explotación de carbón a cielo abierto ha empobrecido los suelos, contaminado y agotado las fuentes hídricas, acabando de esta forma con la vocación agrícola y ganadera de La Guajira; además ha provocado la desaparición de poblados y el desplazamiento masivo de los pobladores originarios, entre los que se encuentran afrodescendientes de Tabaco, Roche, Patilla, Chancleta, etc., y resguardos indígenas como Tamaquitos.

Aunque el modelo extractivo minero que se impone en Colombia está sustentado por una estrategia de vieja data impulsada por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), principalmente por el Banco Mundial a través de su programa petróleo, minería y gas, el pasado reciente del país ha generado condiciones de posibilidad para su enraizamiento. Durante los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010) la entrega de títulos mineros se incrementó exponencialmente en Colombia: en ocho años la superficie continental concesionada para exploración de minerales pasó de 1,13 millones a 8,53 millones de hectáreas. En ese periodo, y bajo el concepto de la seguridad democrática y la militarización de territorios combinada con la construcción de leyes de despojo, se desplazaron en el país aproximadamente cuatro millones de personas ─de un total de 44.5 millones que habitan actualmente el territorio nacional─ entre campesinos y grupos étnicos. Entre 1997 y 2010 se despojaron alrededor de 6.5 millones de hectáreas, de un total de 118 millones que posee el país, para la implementación de proyectos minero-energéticos. Más allá de una política gubernamental para el favorecimiento del modelo minero-energético que beneficie a intereses trasnacionales, Uribe Vélez procuró constituir una política minera de Estado, como se encuentra en la proyección que de ésta se diera desde la Visión Colombia 2019.

Con la llegada al poder de Juan Manuel Santos (2010-2014) las condiciones para el modelo, que el mandatario denominó la locomotora minero-energética, han sido modificadas institucional y legalmente para favorecer los procesos de licenciamiento ambiental, entrega de títulos y fiscalización privada de los títulos existentes. La aparición de “agencias” encargadas en gran medida de entrega de licencias ambientales (en manos ahora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)) y la entrega de títulos por parte de la Agencia Nacional Minera, dan cuenta de un proceso de corporativización estatal, en donde ya no son las carteras ministeriales, como el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía, desde dependencias como Ingeominas quienes controlan a cabalidad estas funciones, sino estas nuevas agencias de carácter público-privado.

(…)

Mientras los conflictos por la ampliación e imposición de la actividad minera avanzan a lo largo y ancho del país, y las asimetrías se profundizan en departamentos como La Guajira y el César, en la base de las reclamaciones de quienes se niegan a permitir actividades extractivas mineras en sus territorios, hay un elemento común que ha permitido el florecimiento de discursos diferenciados alrededor de la minería: el agua, convirtiéndose en un verdadero eje de articulación de las luchas y horizonte de sentido para la reconfiguración territorial. El agua se presenta como un bien en disputa en el departamento de la Guajira. A partir de la imposición del aprovechamiento minero de El Cerrejón, el agua ha sido sometida a procesos de privatización.

Las comunidades wayuú y afrodescendientes han sufrido los procesos de contaminación producto de la explotación carbonífera, y también han sido testigos de los procesos de apropiación de las aguas para el uso minero. Así, durante los años de explotación de carbón, en La Guajira se constata un modelo que “no tiene que ver solamente con la manera mediante la cual alguien se apropia del bien natural transformado en recurso en las actividades humanas de producción, despojándola a la vez de los otros valores y usos que este bien posee. También cómo esa apropiación es además selectiva y se dirige a las aguas de mejor calidad (no contaminadas), lo que inevitablemente conduce a que sean muchos más los que se quedan sin cantidad y calidad suficiente del líquido para las actividades cotidianas” (Isch; 2011).

La historia de la actividad extractiva minera y sus consecuencias en el agua tiene como protagonista, y que a nuestro juicio se ha hecho tristemente célebre, a El Cerrejón. Esta mina, que lleva el mismo nombre del entramado empresarial que la opera , tiene un área de 69.000 hectáreas. Además de carbón existen en la zona importantes yacimientos de gas natural. El carbón térmico del departamento de la Guajira (así también el que se ubica en el departamento del Cesar) tiene bajo contenido de cenizas y de azufre, y en el caso de la Guajira altos contenidos caloríficos, condiciones que lo hacen apetecido por los mercados europeos y norteamericanos, quienes a través de sus empresas se adueñan del mineral y lo convierten en materia de exportación . Además de sus propiedades químicas, el carbón colombiano tiene una ubicación estratégica: debido a la relativa cercanía geográfica con Europa y Norteamérica, y en comparación con la distancia de Australia e Indonesia, es más fácil su acceso a los mercados de las grandes potencias.

La contaminación de las aguas superficiales del rio Ranchería, que en gran media es producto del polvillo de carbón que llega a la fuente de agua por la explotación y por el transporte del material en volquetas, lleva por conexidad de las fuentes a la contaminación de los acuíferos, lo que incrementa la magnitud del problema si se tiene en cuenta que más del 50% de la población se abastece por los pozos subterráneos. Aparece por consecuencia en el departamento una escasez de agua directamente ligada con la contaminación generando la disminución alarmante de la pesca en los últimos años, además del impacto de las excavaciones en los índices de evaporación, ocasionando, todo ello, serias alteraciones en el ciclo hidrológico. Además, según las comunidades aledañas a las zonas de vertimiento del Cerrejón al Río Ranchería, se dispone una alta cantidad de grasas, aceites, combustibles, carbón mineral y nitrato de amonio sobre el Río Ranchería y otras fuentes hídricas superficiales.

Danilo Urrea e Inés Calvo. Septiembre 12 de 2014

Ver artículo completo en: Revista Semillas

5 Shares
Comments are closed.